Panamá es muy distinta al resto de países latinoamericanos, económicamente hablando.
En un continente de estados intervencionistas, sus gobiernos han buscado interferir lo mínimo necesario con los negocios.
En una región proverbialmente ensimismada, cerrada por largo tiempo al impacto de las corrientes financieras y comerciales internacionales, Panamá es portuaria, cosmopolita, y en épocas recientes, bastante próspera.
En 2015 fue el país latinoamericano cuyo PIB más creció, a tasas cercanas al 6% anual.
Desde su independencia de Colombia en 1903, Panamá ha tenido al dólar como su moneda y la globalización como su estrategia preferida.
El estandarte económico nacional es, por supuesto, el Canal de Panamá.
Pero a la par con esa vía interoceánica, Panamá construyó un centro financiero internacional que hoy está en la noticia por cuenta de los Panamá Papers, el escándalo que reveló los mecanismos usados por muchos poderosos para esconder riquezas.
Panamá se ha especializado, entre otras cosas, en proveer servicios financieros "offshore", extraterritoriales, a clientes que no residen habitualmente en el país.
Lo que genera muchas suspicacias entre sus críticos, quienes aseguran que los centros "offshore" se convierten en un vehículo para la evasión de impuestos para una élite extranjera.
"Los países que son calificados de paraísos fiscales son los que tienen regulaciones que permitan a personas abrir cuentas o establecer empresas sin revelar cierta información y usando estructuras que no son accesibles a los gobiernos de origen de dichas empresas", asegura a BBC Mundo Allison Christians, experta en derecho tributario de la Universidad de McGill en Canadá.
Rechazan acusaciones
Los defensores de la industria financiera panameña y de otros centros "offshore" recuerdan, sin embargo, que hay razones perfectamente legítimas para mantener cuentas extraterritoriales, como la cobertura de riesgos políticos, de divisas y de otra índole.
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